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Ávila, 24 de junio de 2020. El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha destacado la importancia de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad como una “muy buena opción turística” para este verano atípico.

El procurador abulense, durante la sesión plenaria celebrada esta mañana en el parlamento regional, ha explicado que Castilla y León cuenta con un gran patrimonio cultural y se ha referido, especialmente a las Ciudades Patrimonio.

Así, Pascual ha asegurado que “poner el foco en ciudades como Ávila, Salamanca o Segovia revierte positivamente en la comunidad” ya que, según ha explicado, esos turistas “se interesan por el resto de provincias”.

En esta misma línea, Pedro Pascual ha señalado que “desde Europa se está apostando por el turismo cultural, y eso es algo de lo que podemos sacar partido en una ciudad como la nuestra”.

Por otro lado, Pascual también ha hecho alusión al turismo rural y ha apelado a “fomentar e incentivar el turismo verde”, tras indicar que “lo que antes eran debilidades, ahora son fortalezas”, en referencia a los pequeños pueblos.

Durante su intervención, Pascual también ha apoyado la continuidad de los planes de Nissan en Ávila y ha destacado que “Ávila siempre ha sido una ciudad ligada a la automoción”. Además, Pedro Pascual también ha subrayado que el sector de la automoción “es un importante motor económico que asegura el empleo en la provincia”.

El procurador de Por Ávila se ha mostrado a favor de varias Proposiciones No de Ley (PNL) en las que se instaba a la Junta a incrementar la oferta de empleo público para la cobertura de puestos de funcionarios en la Administración local; a la creación de áreas de promoción de la actividad económica con el objetivo de dinamizar el comercio urbano; y reforzar la educación afectivo sexual, la prevención embarazos no deseados y ETS, así como a garantizar la ley orgánica 2/2010.

 Finalmente, Pedro Pascual ha votado afirmativamente la convalidación de dos decretos. El primero de ellos relativo a la adopción de medidas extraordinarias para la atención social en los centros para personas mayores y personas con discapacidad con el objetivo de garantizar la protección de usuarios y de los profesionales. El segundo decreto supone la modificación de la Ley de Función Pública de Castilla y León.