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Ávila, 22 de julio de 2020. El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, se ha mostrado a favor de que la Junta inste al Gobierno a flexibilizar la regla de gasto para aquellas entidades locales con superávit, de manera que puedan utilizar su remanente de tesorería “sin restricciones”.

De esta manera, Pedro Pascual ha valorado la gestión “ejemplar” realizada por ayuntamientos y otras entidades locales durante el estado de alarma, por lo que ha pedido que estos puedan utilizar su remanente de tesorería “sin restricciones”, para todo tipo de gastos generales.

“Que se flexibilice la regla de gasto para las entidades locales es fundamental, pero todavía lo es más que se elimine” ha asegurado Pascual, y ha explicado que, los ayuntamientos, junto con los ciudadanos, han realizado grandes esfuerzos en estos meses, por lo que resulta lógico que puedan “invertirlo tratando de mejorar la vida de todos aquellos que están sufriendo las consecuencias negativas de la pandemia”.  

En esta misma línea, el procurador abulense se ha mostrado a favor del principio de autonomía local y ha asegurado que “debe tener reflejo en todas las decisiones que adopte cualquier administración”.

Lo ha dicho en relación con la convalidación de un Decreto-ley de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local y que pretende, entre otras cosas, eliminar el carácter incondicional de parte de la financiación que reciben las entidades locales por parte de la Junta, y ha aseverado que “son los alcaldes y alcaldesas los que mejor conocen la situación de sus vecinos, por lo que es importante que puedan decidir el destino de esos fondos”.

No obstante, Pascual ha aclarado que comparte parte de las premisas de dicha norma, como la lucha contra la despoblación o la realización de actuaciones ligadas con los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030.

Durante el pleno de las Cortes, el procurador de Por Ávila ha votado a favor de la creación de la Escuela Regional de Protección Ciudadana; a definir el mecanismo de coordinación y financiación entre la Administración autonómica y las corporaciones locales, a través de la FREMP; a que la Junta haga pública la configuración y delimitación de las zonas de actuación inmediata y de las áreas de emergencia, así como la dotación de recursos personales y materiales con que deben contar; y, por último, a promover, durante los próximos tres meses, los procedimientos y trámites administrativos necesarios para que la prestación del servicio público del Centro Castilla y León 112 sea realizado por empleados públicos. Todo ello en relación con una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en materia de protección ciudadana.

Del mismo modo, Pascual ha apoyado una Proposición No de Ley (PNL) en la que se solicitaba, entre otras cosas, la reapertura de las instalaciones militares de Monte la Reina, en Toro, y dotarla de actividad militar como medida para hacer frente a la despoblación.

Finalmente, durante la sesión plenaria se ha votado la aprobación de un Proyecto de Ley para flexibilizar el régimen presupuestario ante situaciones excepcionales de emergencia de salud pública, que también ha contado con el voto favorable de Por Ávila.