Por Ávila ha lamentado que el presidente del Partido Popular y de la Diputación Provincial, Carlos García, frivolice sobre los empadronamientos irregulares precisamente en el marco de una jornada sobre modernización del padrón municipal, y le recuerda que la ley obliga a toda persona que viva en España a inscribirse en el Padrón del municipio donde resida habitualmente.
Ante la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Ávila contra el alcalde de San Pedro del Arroyo, Santiago Sánchez, por presuntos delitos de malversación y electorales por falsos empadronamientos, el presidente de los populares afirmó que “parece ser que hay unas acusaciones de que vota gente en el municipio de San Pedro del Arroyo, al igual que en toda España, que no están viviendo en el municipio. No se vota por estar viviendo en el municipio, se vota por estar empadronado”.
Desde Por Ávila recuerdan a Carlos García que el artículo 15 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.
Además, según la Ley General Electoral, “los Ayuntamientos tramitan de oficio la inscripción (en el Censo Electoral) de los residentes en su término municipal” para que puedan votar.
Algo que debería saber el también alcalde de Tiñosillos, porque paa poder votar en esa localidad, hay que estar empadronado en Tiñosillos, y por tanto vivir en el municipio, al menos la mayor parte del año, para estar incluido en el Censo.
En Por Ávila lamentan que Carlos García defienda a este alcalde que tendrá que declarar como investigado el próximo día 10 de febrero, como lo ha hecho con otros como al actual de Hoyocasero, que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a un año de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, y al anterior de esa localidad, condenado a nueve años de inhabilitación, por un delito de prevaricación urbanística.
Al presidente del Partido Popular de Ávila no parece importarle el trabajo que realiza la administración de Justicia cuando los investigados tienen el carnet del Partido Popular -consideran desde la formación amarilla-, que también se preguntan si Carlos García avala que se impida que los concejales puedan hablar y recibir la asistencia de los secretarios de los ayuntamientos, como ha pasado en San Pedro del Arroyo.