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El Grupo Por Ávila en la Diputación lamenta la tardanza de la Junta de Castilla y León en contestar a la institución provincial sobre la puesta en marcha de la planta regional de valorización energética, provocando que el Consorcio Zona Norte haya tenido que aprobar una prórroga a la prórroga con la que ya contaba la empresa que gestiona el CTR de Urraca-Miguel.

Tal y como este miércoles quedaba de manifiesto en la Junta de Gobierno y en la Asamblea del Consorcio Zona Norte, en septiembre del año pasado se registró una consulta ante Junta de Castilla y León sobre el estado del proyecto de esa planta de valorización energética, en la que se solicitaba información sobre su desarrollo, plazos, así como su repercusión para la redacción de los pliegos del contrato de gestión del servicio público de mantenimiento, conservación y explotación del Centro de Tratamiento de Residuos de Urraca-Miguel.

Y, según los responsables del Consorcio, a día de hoy no se ha recibido respuesta ni novedad alguna. La Junta de Castilla y León sigue sin concretar el alcance, calendario o afección del proyecto de planta regional de valorización energética de los residuos domésticos que no tienen un circuito específico de reciclaje. Y por tanto la Diputación sigue, un año después, paralizada en esta cuestión, y sin un modelo claro por el que optar.

La diputada de Por Ávila Esther González ha lamentado esta falta de información al resto de instituciones que se verán afectadas por la misma, y considera que los responsables de la Junta están pensando más en anuncios electorales, que en medidas de gestión y colaboración que permitan mejorar el tratamiento de los residuos en la provincia de Ávila.

Y es que la construcción de esta planta afectaría a los procesos de tratamiento de los residuos en el CTR, que deben ser incluidos en el nuevo pliego del contrato, que ya estaba prorrogado con carácter excepcional y transitorio hasta que se defina el nuevo modelo autonómico de gestión de estos residuos. Por lo que se ha propuesto esta nueva prórroga, fiscalizada con reparos por parte de la Intervención de la Diputación.